Salou resuelve las alegaciones presentadas y aprobará mañana el presupuesto municipal

El alcalde de Salou, Pere Granados, ha explicado hoy en rueda de prensa que mañana se aprobará de forma definitiva el presupuesto municipal paraeste 2012 en el pleno ordinario del mes de enero. Esto será posible después de que se hayan resuelto las tres alegaciones presentadas. Dos, se han estimado parcialmente y las partes afectadas han retirado la impugnación después de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento y que corresponden al crédito vencido, líquido y exigible en concepto del justiprecio por las expropiaciones de una finca de cada mercantil para la ejecución del Camino de Ronda y de acuerdo al Plan de Ordenación Urbana Municipal.
La tercera, intrepuesta por AMSAMAR SL, la propietaria del solar de la antigua Aduana se ha desestimado "por falta de fundamento jurídico". La empresa habría impugnado el presupuesto porque asegura que existe una obligación de pago por parte del Ayuntamiento de Salou que debe figurar en el presupuesto del año 2012. Justifica su pretensión en la existencia de una declaración judicial que le otorga un derecho de cobro en concepto de indemnización urbanística. En este sentido, el alcalde ha asegurado que el crédito que exige la mercantil AMSAMAR, SA no tiene una cuantía determinada, no corresponde a una sentencia judicial firme y no se puede considerar un crédito vencido, líquido y exigible. Por tanto, no existe una obligación firme, exigible y determinada por parte del Ayuntamiento. "¿Qué debemos consignar en el presupuesto si todavía no se sabe cuál debe ser la cantidad a indemnizar? Y, es más,-ha añadido-por qué ahora piden 13 millones de euros si un informe pericial de la empresa en un proceso judicial anterior cuantificó esta suma en 2,2 millones de euros más intereses de demora?", concluyó. El alcalde también ha advertido que, en caso de que tuviera que indemnizarse a la empresa, debería iniciarse un nuevo proceso judicial que determinara el precio a pagar.
Granados ha recordado que en todo caso el Ayuntamiento de Salou es un co-demandado en este proceso y que debería asumir sólo el 50% de la indemnización, en caso de que la empresa decidiera romper las negociaciones, hecho del que aún el Ayuntamiento no tiene conocimiento. "Quizás sí que vale la pena pagar un millón de euros y en vez de estar hablando de la construcción de viviendas nos interesa más tener en ese solar un hotel que dinamice la zona. Pensémoslo", ha reflexionado en voz alta. "Creemos que es una alegación puramente política, para presionar este gobierno pero sin ningún fundamento jurídico".

Mario García, concejal de Servicios Internos, ha destacado que "la subida del 10% del IBI anunciada en el Real Decreto del Gobierno del 30 de diciembre de 2011, es posterior a la aprobación de nuestras ordenanzas fiscales, es una medida sobrevenida y que no se podía prever por parte de las corporaciones locales".

"El Ayuntamiento ha estudiado la subida del Real Decreto, la potestad de la corporación en la aplicación de la misma o no, con los servicios técnicos de gestión económica, y se trata de una medida de obligado cumplimiento, puesto que el espíritu de la misma es que todas las administraciones locales puedan sanear sus cuentas y pagar deudas históricas ", ha añadido el concejal. El primer teniente de alcalde, Mario García, ha pedido comprensión a la ciudadanía, ha agradecido su esfuerzo y ha anunciado "que en los próximos ejercicios se buscarán fórmulas para reducir la presión fiscal al contribuyente".